Extraña acusación de «Enriquecimiento Ilícito» al Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua por hacer negocio con las partes

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«Una formalización inédita en la historia del Poder Judicial chileno ya que siempre se protegen entre ellos»


El fiscal Sergio Moya se presentó esta tarde en la oficina del ministro Emilio Elgueta en la Corte de Apelaciones de Rancagua, incautando elementos del juez investigado por prevaricación y enriquecimiento ilícito.

La diligencia se realizó con normalidad, y forma parte de esta investigación que será formalizada el 26 de abril, cuando el magistrado deberá concurrir al Juzgado de Garantía de Rancagua para conocer los cargos que le serán imputados por el Ministerio Público.



Se trata de una formalización inédita en la historia del Poder Judicial chileno, que se originó cuando en noviembre pasado el Fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, pidió a la Corte Suprema una investigación contra el magistrado por la denuncia que presentó una trabajadora social que detectó presuntas irregularidades en los nombramientos de suplencia, los que habrían favorecido a una hija del ministro.



El persecutor lo hizo en el marco de la tramitación de recursos por el caso de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, donde precisamente la sala que integraba Elgueta mantenía paralizada su investigación.

En forma paralela se abrió una investigación administrativa a cargo de la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, y otra penal en manos del jefe de la unidad de alta complejidad de la fiscalía regional de O´Higgins, Sergio Moya.



Moya pidió audiencia en el Juzgado de Garantía de Rancagua para formalizar al ministro Elgueta por enriquecimiento ilícito y prevaricación, es decir, la aplicación torcida de la ley.

Además de esto, el pleno de la Corte Suprema suspendió por cuatro meses al magistrado hasta que se dicten eventuales cargos por tráfico de influencias en su contra. El vocero del tribunal máximo del país, el ministro Lamberto Cisternas, explicó que este sumario es por irregularidades en el nombramiento de funcionarios del poder judicial en Rancagua y por presuntas negociaciones con abogados de las partes.

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