Contraloría monta circo y ordena sumarios por irregularidades en proyecto Alameda, Poder Judicial tiene listo los sobreseimientos

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La Contraloría General de la República monta circo para justificar el pago de cientos de funcionarios que se acostumbraron a no hacer nada como es habitual en el sector público.


La entidad emitió un informe final sobre el proyecto de renovación del eje Alameda-Providencia, iniciativa que fue desechada por el gobierno actual por errores en el diseño y falta de recursos. El reporte del ente de control ordena abrir sumarios administrativos para determinar presuntas responsabilidades luego de una serie de eventuales irregularidades detectadas por la entidad.



El informe, publicado el 27 de marzo recién pasado, señala que los desembolsos pagados por los tres contratos existentes ascendían a $ 3.602 millones al 28 de febrero de 2018. Los principales ítems contemplados fueron el diseño, por parte de la empresa Duap, a la que se le pagaron $ 2.657 millones; el proceso de participación ciudadana, con Fundación Casa de la Paz, a la cual se le cancelaron $ 208 millones, y el plan comunicacional, hecho por el Estudio Racimo, que recibió $ 49.517.667. Además, se contrató a un equipo de trabajo a cargo de la iniciativa, por un monto de $ 637 millones, entre 2014 y 2018.



La Contraloría señaló que se abrió un procedimiento disciplinario debido a los incumplimientos detectados por parte de la empresa Duap, a cargo del diseño del eje. El informe indica que se registraron atrasos en un estudio que debía realizar la consultora, denominado “Microsimulación de tramos” (análisis sobre cómo operan los flujos vehiculares en el eje). El reporte del ente de control añadió que Duap debía presentarlo en marzo de 2017, pero aún no estaba terminado en mayo de 2018 (mes de cierre de la investigación de la Contraloría); es decir, registró un atraso de 295 días y que tenía un 52% de avance a esa fecha.



El documento del ente fiscalizador agregó que el jefe de División de Análisis del Gobierno Regional alertó al encargado del proyecto en julio de 2017 que ello “constituye un incumplimiento grave”.



El reporte destacó que en agosto de 2017 nuevamente se informó al jefe de proyecto de la consultoría que “los modelos que reporta el informe presentan errores básicos, que dan cuenta de la falta de prolijidad o de conocimiento”. Por ejemplo, se presentaba la superposición de vehículos particulares y buses articulados en el eje Alameda, “situación que es imposible en la realidad”.


El informe de la Contraloría añadió que la decisión de “persistir con el contrato fue del gerente del proyecto, quien consideraba que los incumplimientos no eran de la necesaria envergadura para adoptar la medida de término unilateral, a pesar de las reiteradas advertencias. Asimismo, informó que el gerente del proyecto reportaba de manera directa al intendente de la Región Metropolitana de la época (Claudio Orrego), quien en definitiva aprobaba o rechazaba sus propuestas”, indica el reporte.

El ente de control también planteó que se debe abrir un sumario debido a que el gobierno regional tramitó “una disminución del contrato de diseño”, es decir, que la consultora entregara una menor cantidad de informes. La Contraloría observó que en vez de esa medida se debió haber dado término al convenio y hacer efectivo el cobro de la garantía.

El informe planteó, además, que el gobierno regional tampoco aplicó las multas por los atrasos de entrega de los análisis comprometidos por $ 230 millones, por lo que recomienda que aquello se haga.

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