Gravísima acusación de fiscal: jueces de Rancagua han ejecutado actos para entorpecer la investigación

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El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Sergio Moya, se refirió a la investigación que lidera sobre el actuar de tres ministros de la Corte de Apelaciones regional que están acusados de presuntos actos irregulares.

El persecutor reconoció en una entrevista concedida a La Tercera que al juez de la Corte de Rancagua, Emilio Elgueta, se le indaga informalmente desde el año 2015, «producto de ciertos cuestionamientos o dudas que se generaron sobre las resoluciones de algunos ministros y la intervención de algunos abogados particulares en estos procesos. En varias ocasiones defensores penales públicos que defendían a imputados concurrían a la Corte de Rancagua con determinados antecedentes y obtenían resultados negativos. A continuación venía un cambio de abogado, la contratación de abogados particulares, los cuales prontamente concurrían a la corte y con los mismos antecedentes, obtenían un resultado distinto a defensores públicos».



Moya aclaró que Elgueta y Marcelo Vásquez son los ministros investigados en la causa y que «el ministro Marcelo Albornoz, por ahora, no aparece como sospechoso, lo que no obsta que si en el futuro tenemos antecedentes, sí lo sea».

El fiscal reconoció que ha existido una colaboración permanente por parte del Poder Judicial y acusó que «los imputados investigados están realizando maniobras para atacar a fiscales y jueces que han dado las autorizaciones pertinentes, con conductas obstructivas a la investigación».

Entre las acciones que denuncia se encuentra que Marcelo Vásquez «concurrió en horas de la noche a la corte a retirar en una bolsa una multiplicidad de especies, como pendrives y otros objetos de relevancia penal, y que al analizar el registro de su oficina se constató que había cajones que habían sido desarrajados para sustraer información».




«Es decir, hay maniobras de parte de los imputados para entorpecer la investigación», recalcó al respecto.

En el caso de Elgueta, señala que retrasó la entrega de la información bancaria, ya que «él mismo reconoció en una entrevista que él tuvo conocimiento de que estaba siendo indagado en sus cuentas corrientes desde el mes de noviembre. Es por eso que pedimos al tribunal de garantía indagar de forma interna si habían antecedentes para determinar cómo esta persona se pudo haber enterado de que estaba siendo investigado».




Finalmente, el persecutor se refirió a la figura del senador Juan Pablo Letelier al que se le imputa un eventual nexo con dichos jueces, reconociendo que «la verdad es que para nosotros la conducta desplegada por su parte no tiene ninguna relevancia jurídico investigativa. Él deberá responder ante la Comisión de Ética del Senado, frente a la opinión pública de algunas gestiones que ha realizado. Hasta ahora no tenemos ninguna conducta jurídico penal relevante, pero si llegamos a determinar que la hay, sin duda será indagado».

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