Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite requerimiento: «Profesora jubilada con $185.000 quiere retirar sus ahorros de la AFP Cuprum»

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Corte de Apelaciones de Antofagasta, pide al Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es “aplicable” o no el decreto Ley 3.500 que estableció el actual sistema de AFP.  El documento señala que dicha normativa, redactada durante la dictadura, se contrapone a derechos constitucionales como el derecho a la propiedad.


El Tribunal Constitucional (TC) informó que acogió a trámite el requerimiento que dice relación con el caso de «profesora jubilada, quien quiere retirar su ahorro previsional para poder pagar sus deudas».

El documento fue enviado desde la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que el Tribunal Constitucional, se pronuncie sobre si es “aplicable” o no el decreto Ley 3.500 que estableció el actual sistema de AFP.



El sorprendente fallo unánime la Primera Sala del tribunal de alzada de Antofagasta, –integrada por los ministros Óscar Clavería Guzmán, Virginia Soublette Miranda y el abogado Fernando Orellana Torres– acordó enviar la consulta al TC para que emita pronunciamiento en cuanto a la inconstitucionalidad de las disposiciones del Decreto Ley 3.500, especialmente sus artículos 23, 34 y 51.

COMUNICADO DE PRENSA ROL N° 7442-19 INA

“La Segunda Sala del Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,

Ministra María Luisa Brahm Barril, (ex jefa de los asesores del presidente Sebastián Piñera),

y los Ministros señores Gonzalo García Pino,

Cristián Letelier Aguilar,

Nelson Pozo Silva y

Miguel Ángel Fernández González,

acordaron, en resolución unánime, acoger a trámite el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, respecto del “Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51”, con incidencia en un recurso de protección seguido ante dicha Corte.“.

El caso se inicia cuando la profesora, María Angélica Ojeda, acude al tribunal de alzada para retirar sus ahorros para prepagar su crédito hipotecario o invertirlo y obtener un mayor valor, lo cual fue denegado por su AFP (Cuprum).



El Tribunal Constitucional señaló que “accedió a lo solicitado por la Corte requirente, disponiendo la suspensión de la tramitación del ya referido recurso de protección”. 

El escrito redactado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Óscar Clavería, y enviado al TC, el decreto de ley 3.500, «dictado durante un gobierno de facto» (dictadura militar) se contrapone a los derechos constitucionales como el derecho a propiedad.



El decreto Ley 3.500 se contradice al derecho de propiedad que tiene el trabajador respecto de su capitalización individual, «cuya regularización no cumple una función social, sino un sistema económico regido por el mercado sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención, al punto que su capitalización no puede ser utilizada en su propio beneficio para salir de una insolvencia sobreviniente».

La Corte señala que el decreto contradice a la misma ley ya que especifica que “la acción del Estado debe estar dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce y prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, permitiendo a la ley establecer cotizaciones obligatorias, pero exigiéndole al Estado que supervigile el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, lo que evidentemente en este caso no se da“.



Durante estos últimos meses se han presentado varios recursos en distintas ciudades del país y en 10 tribunales fue declarado admisible y en 4 inadmisible.

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