En 2022, Jorge Quiroz, quien fue coordinador económico de José Antonio Kast, junto con su socio Víctor Hugo Puchi, emprendieron el proyecto minero conocido como Sierra Atacama, con la intención de explotar cobre en la Región de Antofagasta. Iniciaron con un capital modesto (US$ 7 millones), pero la ambición creció a medida que el precio del cobre alcanzaba niveles muy altos. Se proyectaba una producción anual de 15.000 toneladas, y se realizaron inversiones para infraestructura, maquinaria y contratos energéticos, incluyendo acuerdos para abastecimiento de gas natural.
Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. El impacto de la pandemia fue uno de los primeros retrocesos, generando retrasos importantes. Además, los costos se dispararon: los insumos esenciales como energía, ácido o diésel subieron mucho más de lo previsto. La producción quedó muy por debajo de lo estimado; en lugar de producir miles de toneladas al año, los resultados fueron de apenas unas centenas al mes. La planta de chancado debió reemplazarse completamente en su primer año de operaciones, lo que agravó los gastos.
Durante 2023, las pérdidas acumuladas para Sierra Atacama llegaron a cifras multimillonarias: US$ 26 millones solo hasta noviembre. Aunque algunos aportes de capital ayudaron a mantener el proyecto en pie (US$ 47 millones en 2022 y US$ 35 millones en 2023), los ingresos nunca se acercaron a lo esperado. Los acreedores comenzaron a presionar, y ya para finales de ese año la empresa solicitó ante el tribunal de Antofagasta una reorganización judicial.
Para diciembre de 2023, las deudas ascendían a alrededor de $70.000 millones, distribuidas entre varios acreedores: la japonesa Mitsui & Co., Tanner Servicios Financieros, Recomin, entre otros. Aunque hubo algunas mejoras modestas y se buscó reorganizar el pasivo mediante acuerdos de pago, la situación financiera estaba muy deteriorada.
Finalmente, en octubre de 2024, Sierra Atacama fue vendida a la empresa minera Salar Blanco, propiedad del empresario Martín Borda Amigo. La venta fue parte del proceso de reorganización financiera, que contemplaba un plan de pagos por más de $29.271 millones para los acreedores. A mediados de 2025, surgieron disputas respecto a información que el nuevo comprador habría descubierto, lo que retrasó aún más las negociaciones y compromisos. Hasta ahora no se han reportado movimientos significativos en los procedimientos de reorganización.
